La Secretaría de Estado de Seguridad pondrá en marcha el próximo mes de noviembre un nuevo protocolo de actuación que permitirá a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil tramitar in situ de manera telemática en locales comerciales las denuncias por delitos leves de hurto cuando el presunto autor sea sorprendido en el momento y esté a su disposición en el propio establecimiento en el que se produjo el robo.
De este modo se fija el protocolo necesario para que, en estos casos, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan tramitar las denuncias de manera telemática desde el propio comercio afectado, grabarlas en sus sistemas informáticos y realizar todas las citaciones para enjuiciamiento rápido, a fin de que pueda celebrase la vista oral incluso aunque los posibles responsables del hurto no comparezcan.
El mecanismo, por tanto, agiliza la tramitación y resolución judicial de este tipo de denuncias y permite a Policía Nacional y Guardia Civil optimizar la duración de la intervención de sus patrullas de seguridad ciudadana. También disminuye la saturación de las dependencias policiales por la presencia de denunciantes y testigos relacionados con la denuncia, que queda incorporada a los sistemas informáticos policiales desde la conexión del establecimiento.
Por tanto, el diseño evita a los dueños y empleados de los establecimientos comerciales el desplazamiento hasta dependencias policiales y las esperas para interponer la denuncia, lo que acelera el proceso y minimiza los riesgos sanitarios de contagio por COVID-19.
Para poner en marcha el mecanismo de denuncias telemáticas in situ, Policía Nacional y Guardia Civil han evolucionado sus respectivas aplicaciones de gestión y tramitación y denuncias (SIDENPOL y SIGO).
Hasta el próximo 2 de noviembre las entidades comerciales que quieran hacerlo pueden adherirse al sistema. Para ello, deberán disponer de un departamento de seguridad legalmente constituido y un servicio de vigilancia privada contratado.
Además, los establecimientos deberán ser inspeccionados por responsables policiales para verificar si cumplen ciertos requisitos logísticos, como disponer de lugar reservado para la tramitación de las denuncias o de un equipo informático adecuado, en cuanto a seguridad y hardware, para acceder a las aplicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.